¿¿QUÉ SON LAS CLÁUSULAS SUELO??

Para aquellos que aún no acaban de entender que es lo que ha ocurrido en este tema, voy a hacer un breve artículo explicando las claves para entender el problema que se ha vivido recientemente en España a causa de las conocidas como “cláusulas suelo”.

Para empezar… ¿qué son?

En términos llanos podemos decir que eran unas cláusulas que se incluían en las hipotecas y que establecían un tope a la baja en lo que tenías que pagar en concepto de interés, esto es, un mínimo. Aunque es mejor que vayamos por partes.

En este tipo de préstamos solemos encontrar dos partes, una primera parte, en la que el tipo de interés que tienes que pagar es fijo (es siempre lo mismo) y una segunda parte en la es variable y que se hace depender de las fluctuaciones del Euribor (se va actualizando a lo largo del tiempo que se haya pactado que durará esta segunda parte del préstamo). Bien. Evidentemente el problema surgió en relación con el segundo periodo debido a que, en las condiciones del préstamo, se limitaban las fluctuaciones del tipo de interés. Es decir, se incluía una cláusula en la que se decía que los intereses nunca iban a bajar de X, se establecía un tope “por debajo”.

Este sistema de limitación de la fluctuación no dio problemas hasta el momento en que el Euribor empezó a estar en negativo y la gente vio como eso no se reflejaba en los recibos que le pasaban de la hipoteca. Fue entonces cuando empezaron a reclamar y cuando se enteraron de la dichosa cláusula.

Al principio, los jueces entendían que se trataba de una cláusula perfectamente legal, que superaba el filtro de transparencia, pero, como estableció la sentencia del TS 241/2013 de 9 de mayo, no permitían a los consumidores conocer cual era la verdadera trascendencia de la misma, pues en el contrato simplemente se establecía sin incluir ninguna explicación ni ejemplo de como operaba en el tiempo, como era su aplicación práctica. Además esta sentencia es especialmente relevante porque entiende que la ubicación de la cláusula buscaba desviar el foco de atención del consumidor, a fin de que fuese considerada un elemento secundario del contrato y no se le diera la importancia que realmente tiene y que, con ello, el cliente no comparase más ofertas. Por ello, esta cláusula fue declarada nula aunque el resto del contrato seguía en vigor.

Además del tema de la ubicación de la cláusula, esta sentencia destaca por el hecho de entender que había lugar a la retroactividad. Es decir, que los Bancos no tenían que devolver todo lo que habían percibido por medio de este sistema hasta el momento de la sentencia sino que simplemente tenían que cesar en el cobro de la cláusula y la inclusión de la misma en los contratos posteriores a ella. En otras palabras, los consumidores no podían reclamar lo que hubiesen pagado hasta el 9 de mayo de 2013 sino sólo aquello que se les cobrase a partir de ese momento.

Pese a que esta limitación de la retroactividad no encaja muy bien con la idea de nulidad (que implica dejar una situación igual a como estaría si un hecho no se hubiera dado, en este caso, como si nunca se hubiera introducido la cláusula en el contrato) hubo sentencias que confirmaron a la del 9 de mayo, como la dictada por el Tribunal Supremo el 25 de marzo de 2015, que la fijó como doctrina.

Pese a la existencia de este criterio en el panorama jurídico español hubo tres procedimientos (en Granada y Alicante) en que los jueces no estaban convencidos de que esto fuese acorde a lo establecido en la Directiva 93/13 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En estos casos, cuando se dan este tipo de dudas, lo que se hace es plantearle la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo que se conocen como las “cuestiones prejudiciales”. Y esto fue justo lo que hicieron estos tres tribunales. Le consultaron si esta limitación de la retroactividad era o no contraria a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 93/13.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de diciembre de 2016, dictó sentencia. En ella decía que la limitación de la retroactividad NO ERA ADECUADA al contenido de la Directiva. Decía que, el artículo 6 debía interpretarse en el sentido de considerar que cuando una cláusula es considerada abusiva y se declara su nulidad deberá hacerse como si nunca hubiera existido, de forma que no tendrá efectos frente al consumidor.

Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.”

¿Y qué ocurría entonces como todo aquello que se había pagado hasta el 9 de mayo de 2013 que la sentencia española decía que no se podía reclamar? Sobre esto también se pronunció la sentencia de la Unión Europea y dijo que esto no era así, puesto que lo que se hacía era dejar a todos los consumidores que hubiesen firmado la hipoteca antes de esa fecha sin el derecho a obtener la restitución íntegra de lo pagado a las entidades bancarias.

A día de hoy, por fin podemos ver los frutos de esta evolución de la situación ya que cada vez es más fácil conseguir que los Bancos devuelvan a sus clientes lo que obtuvieron por medio de las cláusulas suelo. Bien por usted mismo o contando con los servicios jurídicos de un profesional (para mayor seguridad) puede conseguir recuperar todo lo que es suyo. A través del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, el Gobierno ha creado un instrumento de cumplimiento obligatorio por los Bancos para dar una rápida solución a las reclamaciones de los afectados. Que sea obligatorio para las entidades no significa que también lo sea para los clientes. Ellos pueden decidir si reclaman a la entidad en el departamento que habiliten para atender estas situaciones o si acuden a los tribunales .
Para no alargar el post voy a explicar el tema esquemáticamente. Las opciones son:

  1. RECLAMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO HABILITADO A TAL FIN. Aquí la entidad ve si entiende que procede o no la devolución.
    • Entiende que no procede. Tiene que comunicarle las razones de tal decisión. Con ello hay que decidir si nos plantamos ahí o si vamos a un tribunal a que sea él quien dictamine el caso.
    • Entiende que sí procede. La entidad calcula cuanto le tiene que devolver y le remite el cálculo al consumidor.
    o El consumidor está de acuerdo. Se acordará la devolución del efectivo .
    o El consumidor no está de acuerdo. Puede renegociar o dar por finalizada la reclamación y acudir a los tribunales.
  2. ACUDIR A LOS TRIBUNALES.

Como ya adelantaba un poco más arriba, se reclame o se vaya o los tribunales directamente siempre es aconsejable contar con asistencia jurídica a fin de consultar las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso y de plantear las alternativas más viables para cada situación concreta puesto que cada una requiere una respuesta personalizada. Si quiere consultarnos su caso contacte con nosotros y un equipo de profesionales analizará su situación.

MMT

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